En un contundente llamado a la acción, tanto el gobierno nacional como la administración provincial de Chubut han requerido al juez federal de Esquel, Guido Otranto, que tome medidas inmediatas para desalojar la seccional del Parque Nacional Los Alerces, actualmente usurpada por un ex empleado de Parques Nacionales que se identifica como miembro de la comunidad mapuche. Esta exigencia surge en el contexto de una serie de conflictos que han afectado la integridad de este espacio natural, incluyendo un incendio intencional de proporciones devastadoras.
El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, quien se encuentra en una visita oficial a los parques de la provincia sureña, se reunió con el juez federal de Esquel para discutir la urgencia de esta situación. El magistrado, quien tiene bajo su jurisdicción la investigación de los incendios ocurridos durante el pasado verano y el caso de la ocupación ilegal de la seccional Los Maitenales, ha sido instado a actuar con determinación para resolver ambos conflictos.
Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha advertido que tomará medidas legales si la Justicia no avanza con prontitud en ambos expedientes. Este llamado a la acción se produce en medio de tensiones crecientes en la región, donde la ocupación de la seccional de guardaparques El Maitenal, ocurrida a fines de 2020 y atribuida a la autodenominada comunidad Paillako Lof, continúa sin resolverse.
Uno de los nombres clave en este conflicto es el de Cruz Cárdenas, un ex brigadista de Parques Nacionales que ha emergido como uno de los líderes del grupo mapuche. Sus acciones han sido objeto de sospecha, particularmente en relación con el incendio que arrasó más de 7000 hectáreas de bosques nativos. Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, ha señalado directamente a Cárdenas como responsable de este desastre ambiental, afirmando que "decidió prenderlo fuego".
Ante estas acusaciones y la urgencia de restaurar el orden en el Parque Nacional Los Alerces, las autoridades insisten en la importancia de una pronta intervención judicial para garantizar la protección de este invaluable patrimonio natural y el restablecimiento de la seguridad en la región.
