Carta de la hostelería aeroportuaria al presidente del Gobierno

Excmo. Sr. Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno de España.

Hostelería de España, Marcas de Restauración (asociación empresarial que representa a los principales operadores de la Hostelería en los Aeropuertos) y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT queremos expresar nuestra preocupación y malestar por la situación extremadamente grave que sufren las empresas y trabajadores en las zonas comerciales de los aeropuertos de la red de AENA.

En nuestra opinión, existe un riesgo real para la viabilidad de la mayoría de estas empresas a muy corto plazo y, en consecuencia, peligra la continuidad de más de 12.000 empleos. En la actualidad, a causa de la pandemia, un 75% de estos empleos están en situación de ERTE debido a la minoración del 72% del tráfico de pasajeros en 2020, (según datos de la propia AENA).

Además, está en juego el servicio de calidad que se le presta al pasajero, que consideramos esencial para la buena imagen de nuestro país como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial.

Ante esta situación, UGT, CCOO y el conjunto de las empresas afectadas hemos coincidido en el negativo impacto que tendría en todo el territorio nacional que AENA no atienda a la necesidad de avanzar hacia el acuerdo, ceda en su inmovilismo y adapte el canon a la facturación real que están teniendo las empresas durante la pandemia. De llevarse a cabo el ultimátum dado por AENA por el que presiona a las empresas a asumir las condiciones de las concesiones sin valorar, de forma realista, el contexto de crisis provocado por la pandemia, estaríamos ante una inminente situación de insolvencia para la mayoría de aquéllas, la entrada en concurso de acreedores y la inevitable pérdida, llegado el caso, de miles de empleos.

Nos consta que desde el pasado mes de mayo de 2020 estas empresas empezaron a negociar con AENA las rentas de sus locales, para conseguir de buena fe un acuerdo equilibrado para todas las partes, que les permitiese salir adelante tras el impacto provocado por la pandemia Covid-19.

En una primera negociación se proponía calcular dichas rentas sobre una base variable y una tasa de esfuerzo similar a la que tuvieron en 2019, suprimiendo la RMGA (Rentas Mínimas Anuales Garantizada) y sin un límite temporal. A su vez se permitían prórrogas de larga duración que garantizaban el retorno de las inversiones realizadas.

Sin embargo, durante el mes de julio del pasado año, AENA comunicó que la propuesta que se había venido negociando y que solo estaba pendiente de algunos matices para su firma, no había sido aprobada por su Consejo de Administración.

Se estableció, entonces, un nuevo marco basado en una RMGA por pasajero y un nuevo ámbito de negociación acotado a los años 2020 y 2021. Además, se dejaban de topar las tasas de esfuerzo, pudiendo ser superiores a las del 2019 y se descartan las prórrogas (excepto en expedientes con finalización a corto plazo entre 2020 y 2021). Además se imponía que la aceptación de esta propuesta implicaba la renuncia expresa a cualquier acción futura contra AENA.

Tras esos 10 meses de negociación, y tras cancelar unilateralmente esos posibles acuerdos en estado muy avanzado, la situación se agravó por sorpresa con el reenfoque de las negociaciones con motivo de la publicación del Real Decreto Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. A pesar de que AENA reconoce que no es de aplicación en el entorno aeroportuario, el citado ente público suspende cualquier negociación para aplicar, de facto, este Real Decreto.

El pasado mes de enero, AENA envió una comunicación imponiendo unas condiciones que establecen una reducción de las Rentas Mínimas Garantizadas claramente insuficiente: 100% en el período de confinamiento estricto, 50% desde el 22 de junio de 2020 hasta el 8 de septiembre de 2021, y el cobro íntegro de estas Rentas Mínimas Garantizadas a partir del 9 de septiembre 2021, aún a sabiendas que el tráfico no se recuperará hasta el año 2024 en las previsiones de AENA más optimistas. Incluyendo, además, la renuncia expresa a iniciar cualquier otro tipo de negociación en otro momento, independientemente de la evolución de la pandemia, y sin contemplar en ningún caso cualquier extensión de contratos.

Al no aceptar las anteriores condiciones, AENA ha procedido inmediatamente a facturar el 100% del RMGA del año 2020, lo que significa que el importe de las rentas facturadas en el periodo marzo-diciembre puede llegar a ser hasta 7 veces superior al nivel de las ventas de ese mismo periodo y en el caso de aceptar sus condiciones sería más de 3 veces superior. En este momento la situación es muy urgente, ya que en el caso de no hacer frente al pago de estas facturas, con fecha de vencimiento el próximo cinco de marzo, se ejecutarían los avales, lo que evidentemente supondría la quiebra inmediata de la gran mayoría de las empresas que representamos.

En resumen, la situación actual:

• Pone en riesgo la continuidad de un servicio esencial al viajero,
• Aboca a presentar concurso de acreedores y quiebras a varias empresas por no poder hacer frente al coste de las rentas pasadas, presentes y futuras,
• Pone en riesgo los más de 12.000 empleos de las empresas afectadas, provocando despidos masivos y la lógica y legitima inquietud entre los sindicatos CCOO y UGT por la eventual pérdida de dichos puestos, y han publicado un comunicado conjunto, denunciando el inmovilismo de AENA.

El Gobierno, las empresas y los trabajadores y trabajadoras de la restauración y el comercio estamos haciendo un gran esfuerzo de responsabilidad social para mantener el tejido productivo y el empleo, y de este modo poder resurgir con fuerza cuando la pandemia remita. Pero AENA se muestra inflexible, y su Consejo de Administración, amparado en la interpretación y aplicación excesivamente garantista y radicalmente ortodoxa de la legalidad, prioriza intereses privados de algunos grupos, desde su posición monopolística, antes que velar por la supervivencia y calidad de un servicio esencial, apoyando la viabilidad de las empresas y salvaguardando el empleo -hoy, lamentablemente, puesto en riesgo- de miles de trabajadores y trabajadoras.

Las empresas de restauración con presencia internacional en el mercado aeroportuario han podido renegociar las condiciones contractuales en el resto de los países de la Unión Europea, fundamentadas en el tráfico aéreo real actual derivado del impacto que ha tenido la pandemia, con limitaciones temporales, pero sin líneas rojas de abuso de poder. Sin embargo, en España no ha sido posible hasta el momento llegar a ese acuerdo.

Por los motivos expuestos solicitamos su pronta mediación, ayudándonos a encontrar la mejor solución posible, estableciendo un marco de negociación que vincule al máximo las rentas a la evolución del tráfico, con la extensión de los contratos que permita, del mismo modo, el retorno de las inversiones y, como consecuencia mantener conjuntamente, como hasta ahora, el empleo y un servicio público de calidad.

Atentamente

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