Los vecinos del distrito centro de Madrid recurrirán de nuevo a los tribunales para frenar la proliferación de los pisos turísticos y aseguran que sus 5,2 kilómetros cuadrados de superficie tienen el mayor índice de estas viviendas por habitante en España, con 6.900 de las casi 12.000 que hay en la Comunidad.

“Esto es un cristo de mucho cuidado”, afirma el presidente de la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras, Víctor Rey, que califica de “declaración de guerra” la nueva normativa en la que está trabajando el Ayuntamiento de Madrid.
La ordenanza, que avanzó hace unos días a EFE el área de Desarrollo Urbano de la capital, distinguirá entre el arrendamiento profesional y el de los propietarios que puntualmente alquilen a turistas su residencia permanente. Exigirá que estas viviendas cuenten con el visto bueno de tres quintas partes de la comunidad.

Los vecinos, en pie de guerra

“Esto es una declaración de guerra contra los vecinos de Madrid, en particular del distrito Centro”, añade Rey, cuya asociación interpondrá en breve 700 denuncias ante un juzgado de lo contencioso administrativo por “incumplimientos” de la normativa municipal y autonómica, que se suman a las otras 1.200 interpuestas desde 2017.

A su juicio, los nuevos planes del Consistorio suponen consolidar que su distrito quede en manos del sector del alojamiento de las viviendas de uso turístico (VUT): “Prácticamente se nos desahucia”.

 

De los 6.900 pisos que han detectado en Centro, “hay 4.225 entre Sol, zonas limítrofes y Las Letras. Proporcionalmente, es la zona geográfica española con un mayor índice de vivienda de uso turístico por habitante”.

Subraya que el Gobierno regional “no puede registrar viviendas de uso turístico en base a la declaración de responsabilidad -un formulario que el dueño rellena online-, pues “conlleva certificar que tienes los permisos administrativos, pero el Ayuntamiento no ha concedido ninguna licencia de cambio de uso -de residencial a terciario (hospedaje)-“.

La Comunidad de Madrid ha parado 600 declaraciones, algunas falsas
Según explican a EFE fuentes de la Consejería de Cultura y Turismo, la Comunidad de Madrid inspeccionó en 2019 más de 200 de estas viviendas, la mayoría en Centro, y tiene paralizadas unas 600 declaraciones responsables de sus propietarios “a la espera de que el Ayuntamiento nos confirme si cumplen la normativa sectorial urbanística”.

Una de las irregularidades observadas, añaden, es que los dueños “nos hacían llegar una ‘declaración responsable’ que en muchos casos es falsa, puesto que carecen de la licencia urbanística pertinente”, añaden las fuentes de la Consejería.

Por ello, “se hace fundamental la colaboración entre Comunidad y Ayuntamiento para facilitar el intercambio de este tipo de información y poner freno a estos casos”.
Desde el área de Desarrollo Urbano del Consistorio explican que entre junio y diciembre de 2019, en coincidencia con la llegada del actual delegado, Mariano Fuentes, se han inspeccionado 570 edificios, un total de 11.025 viviendas, de las que 1.674 son de uso turístico.

En el distrito Centro, apuntan las mismas fuentes del Ayuntamiento, se encuentran 1.593 casas de las detectadas.

Objetivo vecinal: el desmantelamiento
De acuerdo con Víctor Rey, la Comunidad de Madrid tiene casi 12.000 viviendas registradas, de las que 6.900 están en el distrito Centro, o sea más del 60 %, pero son cifras oficiales porque “hay muchas que no están en ningún sitio”.
“Tú no puedes meter en un edificio donde vive gente, una actividad de alojamiento, igual que no puedes montar una pescadería o una serrería. Se requiere otro tipo de instalación y ubicación, y entendemos que el distrito Centro está saturado de esta actividad”.
Las implicaciones para sus moradores son múltiples: “No hay pisos donde vivir ni casas en el mercado; numerosos grupos de inversión adquieren edificios enteros. Un 80 % son tenedores que tienen de 20 a 25 pisos. Son fondos de inversión, empresas o personas con dinero”.
El objetivo que persigue la asociación es el desmantelamiento de estos pisos si no tienen permiso y “no lo pueden tener acorde a la normativa actual”, insiste el dirigente vecinal.